Fotografía: Gobernador Rocha Moya solicita licencia ante el Congreso del Estado para separarse temporalmente del cargo
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que solicitará formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos el envío de pruebas y documentos relacionados con la acusación presentada contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. La dependencia concluyó que la solicitud de detención provisional recibida carece de los elementos probatorios necesarios para proceder.
El anuncio fue realizado el 1 de mayo por Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, durante una conferencia oficial. El funcionario explicó que la solicitud, remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue analizada con base en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos, así como en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional.
El anuncio fue realizado el 1 de mayo por Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, durante una conferencia oficial. El funcionario explicó que la solicitud, remitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue analizada con base en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos, así como en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional.
“No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional.”
— Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, FGR
La acusación de Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril una acusación formal contra Rocha Moya y nueve personas más, entre funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Los cargos incluyen narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración. Según la acusación, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, para facilitar la importación de narcóticos hacia territorio estadounidense, entre ellos fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
La acusación fue presentada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA). De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados podrían enfrentar penas que van de 40 años de prisión a cadena perpetua en caso de ser hallados culpables.
Personas incluidas en la acusación de EE.UU.
- Rubén Rocha Moya — Gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares — Senador y exsecretario general del estado
- Enrique Díaz Vega — Exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra — Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado
- Juan Valenzuela Millán — Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
- Marco Antonio Almanza Aviles — Exjefe de la Policía de Investigación
- Gerardo Mérida Sánchez — Exsecretario de Seguridad Pública estatal
- Jose Antonio Dionisio Hipolito — Exsubdirector de la Policía Estatal
- Juan De Dios Gamez Mendivil — Presidente municipal de Culiacán
Postura de la FGR y el proceso legal
La FGR aclaró que la solicitud recibida no constituye un procedimiento de extradición formal, sino una medida cautelar cuyo propósito principal es evitar que los acusados se den a la fuga. Tras el análisis correspondiente, la dependencia identificó tres aspectos críticos: ausencia de justificación para la urgencia de la detención, falta de pruebas que acrediten la comisión de un delito, y riesgo al debido proceso derivado de la difusión pública de la solicitud.
Una vez que Estados Unidos entregue la información requerida, la FGR realizará un segundo análisis para determinar si la petición cumple con los requisitos formales establecidos en el tratado bilateral. Asimismo, la dependencia señaló que algunos de los acusados, en razón de sus cargos públicos, requieren que el Congreso les retire el fuero para poder ser procesados penalmente en México.
Rocha Moya pide licencia y rechaza los señalamientos
El gobernador de Sinaloa solicitó licencia al cargo el 2 de mayo y afirmó que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”. En declaraciones públicas, Rocha Moya negó categóricamente los señalamientos y aseguró que demostrará su inocencia “con contundencia en el momento oportuno”. El mandatario descartó haber tenido vínculos con el crimen organizado y anunció que enfrentará el proceso por la vía legal.
Desde el Cabildo de Culiacán, el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendivil también solicitó licencia a su cargo tras conocerse su inclusión en la acusación.
Reacciones y efectos institucionales
La calificadora S&P colocó al estado de Sinaloa en revisión negativa tras hacerse pública la acusación, advirtiendo posibles dificultades para el acceso a financiamiento bancario. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviará un “extrañamiento” formal a las autoridades estadounidenses por haber hecho pública la investigación sin haber concluido los procedimientos correspondientes, argumentando que los tratados internacionales contemplan una obligación de confidencialidad en estos casos.
El caso representa uno de los episodios de mayor tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación judicial en años recientes, y se desarrolla en un contexto en el que Washington mantiene presión sostenida sobre organizaciones criminales mexicanas vinculadas al tráfico de drogas sintéticas.
